La Unión Europea aprueba la ley de inteligencia artificial hasta 2026

La Unión Europea ha aprobado la ley de inteligencia artificial que se implementará de manera gradual hasta el año 2026, cuando entrará en completa vigencia. Esta decisión ha sido calificada como un "momento histórico" por el secretario de Estado de Digitalización de Bélgica, Mathieu Michel, durante el semestre de presidencia rotatoria de la Unión Europea.

A partir de noviembre, quedarán prohibidos los sistemas de inteligencia artificial de categorización biométrica por creencias políticas, religiosas, filosóficas, raza y orientación sexual. También se vetará la utilización de sistemas que puntúen a las personas según su comportamiento o características personales, así como la inteligencia artificial capaz de manipular el comportamiento humano. Asimismo, se prohibirán sistemas para expandir o crear bases de datos faciales captados de manera indiscriminada a través de internet o grabaciones audiovisuales.

La normativa contempla excepciones, permitiendo a las fuerzas de seguridad el uso de cámaras de identificación biométrica con autorización judicial para prevenir amenazas terroristas. Estos sistemas también podrán utilizarse para localizar responsables de delitos de terrorismo, tráfico de personas, explotación sexual y para buscar a las víctimas.

Transparencia y criterios de uso

En un año, entrarán en vigor los criterios de transparencia que deberán cumplir los sistemas de inteligencia artificial generativa. Estos modelos tendrán la obligación de revelar si un texto, una canción o una fotografía han sido generados a través de inteligencia artificial, garantizando el respeto a los derechos de autor en los datos utilizados para entrenar los sistemas.

El reglamento establece el uso o la prohibición de inteligencia artificial en función del riesgo que representa para las personas, identificando sistemas de alto riesgo que solo podrán ser utilizados si se demuestra que respetan los derechos fundamentales. Por ejemplo, aquellos que puedan influir en el resultado de elecciones o ser empleados por entidades financieras para evaluar la solvencia y establecer la calificación crediticia.

Multas por incumplimiento

Para aquellos que incumplan la normativa, se prevén multas que van desde los 35 millones de euros (37.6 millones de dólares) o el 7% del volumen global de negocio de las empresas, hasta los 7.5 millones de euros (8 millones de dólares) o el 1.5 % del volumen global de negocio.