Reforma constitucional en Nicaragua busca ampliar poder del Ejecutivo y controlar medios de comunicación

El gobierno de Nicaragua ha presentado una propuesta de reforma constitucional ante el Congreso, que busca, entre otras medidas, subordinar a los demás poderes públicos al Ejecutivo, ejercer un control más estricto sobre los medios de comunicación y ampliar el período presidencial. Esta iniciativa ha generado controversia y se espera que sea aprobada en esta misma semana. La propuesta, catalogada como una "modernización de la Carta Magna" por el presidente del Legislativo, Gustavo Porras, fue consignada ante la Asamblea Nacional, que está dominada por el oficialismo. Según el proyecto, "el pueblo ejerce el poder del Estado a través de la Presidencia de la República que dirige el Gobierno y coordina a los órganos Legislativo, Judicial, Electoral y de Control de la Administración Pública y Fiscalización y los Entes Autónomos".

Revisión y posible aprobación exprés

Porras anunció que una comisión parlamentaria comenzará a trabajar en la propuesta y que se espera tener un dictamen listo para su aprobación en un corto plazo, lo que ha generado preocupación en sectores de oposición y organizaciones civiles. La iniciativa también establece la vigilancia del Estado sobre los medios de comunicación para evitar su sometimiento a intereses extranjeros y la difusión de "noticias falsas". Esta medida se suma a la ley promulgada en 2020 que castiga la difusión de noticias falsas con penas de hasta diez años de cárcel.

Fuerzas armadas y nuevos órganos de control

Además, la propuesta faculta a la Presidencia a ordenar la intervención del Ejército de Nicaragua en apoyo a la Policía Nacional, así como autoriza a policías y militares a ocupar cargos temporalmente en el ámbito Ejecutivo. La creación formal de la Policía Voluntaria, compuesta mayoritariamente por exmilitares sandinistas que combatieron a los “contras” durante la revolución nicaragüense, también forma parte de la reforma. Otro cambio relevante es la inclusión de las figuras de "co-presidente" y "co-presidenta", así como el aumento a seis años del mandato presidencial y de los diputados de la Asamblea Nacional.

Rechazo y condena a las reformas

La difusión del contenido de la reforma constitucional ha desencadenado reacciones enérgicas por parte de sectores de oposición y organizaciones civiles, quienes la consideran una concentración de poder. La Concertación Democrática Nicaragüense, una coalición de opositores exiliados, expresó su rechazo a la reforma, alegando que "elimina la separación de los poderes del Estado y los deja bajo la coordinación de una dictadura bicéfala". Por su parte, el Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH) calificó las reformas como una "distorsión irreversible del texto constitucional" y advirtió que elevan a rango constitucional la distorsión que Daniel Ortega ha impuesto al Estado.

La propuesta de reforma constitucional en Nicaragua ha generado un amplio debate y ha desatado la inquietud tanto a nivel nacional como internacional. Mientras que el oficialismo defiende la necesidad de modernizar la Carta Magna, los sectores de oposición y las organizaciones de la sociedad civil advierten sobre el peligro que representan estas medidas para la democracia y la separación de poderes en el país.