Unesco denuncia aumento de tácticas legales para silenciar a periodistas en el mundo

La Unesco denuncia el aumento de tácticas legales para silenciar a periodistas, reflejando una creciente censura directa e indirecta a nivel global.

Los gobiernos han intensificado el uso de tácticas legales para acallar a periodistas, según un informe de la Unesco. Las acusaciones por supuestos delitos financieros y fiscales, así como leyes antiterroristas, están siendo utilizadas en un intento por silenciar a los periodistas. La Unesco considera que esta forma de represión representa una "censura indirecta" que está incrementando en diferentes regiones del mundo.

Aumento de casos de censura indirecta

El informe de la Unesco indica que entre 2019 y 2022 se generaron más de la mitad de los casos de censura indirecta, lo que demuestra un aumento significativo en el uso de estas estrategias para silenciar a los periodistas. En 2022 se registró un récord de 25 casos, lo que evidencia la creciente preocupación por la restricción de la libertad de prensa en todo el mundo.

Líneas de acción legales utilizadas por los gobiernos

El informe resalta que los gobiernos están adoptando tácticas legales comunes en la mayoría de los países, como los cargos de extorsión, blanqueo de capitales, fraude o evasión fiscal. Estas acusaciones están restringiendo la capacidad de los periodistas para llevar a cabo investigaciones sobre el ejercicio del poder y, a su vez, están interfiriendo en la protección de la libertad de prensa, lo que representa un desafío significativo para el periodismo independiente.

Impacto de la censura indirecta en los periodistas

La Unesco advierte que los periodistas que enfrentan acusaciones por delitos financieros y fiscales enfrentan consecuencias significativas. No solo pueden enfrentar largas penas de cárcel, sino que también pueden ser forzados al exilio y, en algunos casos, pueden experimentar el cierre de los medios en los que trabajan. Además, el acceso a servicios legales se vuelve más complejo y costoso, lo que crea una barrera adicional para la defensa de los periodistas acusados.

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