Ataques armados contra ex rector y director de comunicación de la Universidad Autónoma de Sinaloa

Ex rector de la UAS asesinado y director de Comunicación Social sobrevive a atentado. Posible conflicto político detrás de agresiones.

En un lapso de tres semanas, dos altos funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) han sido objeto de ataques con armas de fuego en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. El primero de ellos, el Director General de Comunicación Social, Arnoldo Valle Leyva, logró sobrevivir a un intento de secuestro y agresión a balazos el pasado 5 de julio. Mientras que el ex rector de la UAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda, lamentablemente falleció a causa de las heridas provocadas por un ataque similar el 25 de julio. Estos eventos han generado conmoción y preocupación en la comunidad universitaria y en la sociedad sinaloense en general.

Confrontación política

Las agresiones perpetradas en contra de Arnoldo Valle Leyva y Héctor Melesio Cuén Ojeda ocurren en un contexto de aguda confrontación política entre el gobierno de Sinaloa, encabezado por el gobernador Rubén Rocha Moya, y los directivos de la UAS, quienes además son líderes del Partido Sinaloense (PAS). Esta agrupación política, previamente aliada al gobernador, se ha transformado en su principal oposición.

El PAS se unió a la coalición PAN-PRI-PRD en las elecciones federales recientes, lo que generó un quiebre significativo en la relación de Rubén Rocha Moya con los directivos de la UAS. Estos eventos sitúan los ataques contra los funcionarios de la universidad en un contexto de tensión política que requiere ser abordado con la mayor seriedad y prudencia por parte de las autoridades competentes.

Investigación y solicitud de intervención federal

A raíz de estos lamentables sucesos, los abogados de las víctimas han solicitado que los casos sean investigados por la Fiscalía General de la República (FGR), argumentando la necesidad de una investigación imparcial y exhaustiva, así como la posible implicación de delitos de competencia federal. La solicitud de intervención federal busca garantizar la transparencia en el proceso de investigación y evitar conflictos de interés que pudieran obstaculizar el esclarecimiento de los hechos.

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