Aumenta en un 50% el delito de trata de personas en Coahuila

En el primer semestre del año actual, el delito de trata de personas en Coahuila ha experimentado un aumento del 50% en comparación con el mismo período del año anterior. Este incremento ha tenido un impacto significativo en menores de edad, quienes lamentablemente han sido víctimas de abuso y explotación sexual. Algunos de estos casos han sido perpetrados por miembros de su propia familia, lo cual agrava aún más la situación.

El Fiscal de Personas Desaparecidas en Coahuila, José Ángel Herrera, ha informado que durante los primeros seis meses del año se han llevado a cabo cuatro vinculaciones a proceso por el delito de trata de personas. En estos casos, tres menores de edad, de entre 14 y 16 años, así como un bebé de tan solo dos meses de edad, han sido identificados como víctimas. En los casos anteriores, los menores fueron sometidos a abuso sexual, utilizados para prostitución y pornografía infantil, siendo los agresores familiares indirectos de las víctimas. En este momento, los menores afectados están recibiendo atención psicológica y emocional por parte de la PRONNIF.

Condenas: Todo el Peso de la Ley

En Coahuila, la condena para el delito de trata de personas es severa y refleja la gravedad del crimen. Según el Código Penal del Estado, la trata de personas se castiga con una pena de 12 a 24 años de prisión, acompañada de una multa que oscila entre 2,000 y 40,000 días de salario mínimo. Estas penas pueden ser incrementadas si se presentan circunstancias agravantes, como el hecho de que las víctimas sean menores de edad, que el delito sea cometido por un familiar, o que se utilicen medios violentos o amenazas para llevar a cabo el crimen.

El aumento en los casos de trata de personas en Coahuila, especialmente aquellos que involucran a menores de edad, ha desencadenado una respuesta enérgica por parte de las autoridades. Durante el primer semestre del año, se han registrado cuatro vinculaciones a proceso por este delito, lo cual subraya la importancia de la judicialización para garantizar que los perpetradores enfrenten las consecuencias de sus acciones. Esta respuesta legal robusta no solo busca castigar a los culpables, sino también servir como un disuasivo para futuros delitos de esta naturaleza, enfatizando el compromiso del estado de proteger a los más vulnerables de la sociedad.