Balaceras acaban con vida de directora de seguridad y exalcalde

El último día de octubre, el estado de Michoacán ha sido marcado por la violencia, con el trágico asesinato de dos funcionarios en distintos hechos. Lizbeth Estela Romero Tafolla, directora de Seguridad Pública de Angamacutiro, y Aurelio Santos, exalcalde de Cotija, han perdido la vida en circunstancias trágicas, según lo confirmado por la Fiscalía General del Estado.

Homicidio de Funcionaria Pública

La Fiscalía local ha comunicado que Lizbeth Estela Romero Tafolla fue víctima de un ataque a balazos en su hogar, ubicado en la calle Nicolás Bravo de la zona centro de Angamacutiro. El ataque ocurrió alrededor de las 7 de la mañana, cuando individuos armados llegaron al domicilio de la funcionaria.

El presidente municipal, Hermes Pacheco, detalló que los agresores tocaron la puerta, y al abrirla, dispararon contra Romero Tafalla, para luego darse a la fuga. La Fiscalía ha informado que el personal continúa realizando acciones periciales en el lugar de los hechos.

Asesinato del Exalcalde

En un segundo y lamentable suceso, los informes indican que Aurelio Santos, exalcalde de Cotija, fue baleado mientras impartía clases en las inmediaciones del Colegio de Bachilleres del municipio. Este evento es especialmente doloroso, ya que en junio pasado, también se registró el asesinato de la alcaldesa de Cotija, Yolanda Sánchez Figueroa, quien había sido víctima de secuestro en septiembre de este año.

Ante estos trágicos sucesos, la Fiscalía General de Michoacán ha anunciado la apertura de una carpeta de investigación para esclarecer los homicidios de Lizbeth Estela Romero y Aurelio Santos, con el objetivo de identificar y llevar ante la justicia a los responsables de estos actos.

Reflexiones sobre la Violencia en Michoacán

Estos eventos han generado una profunda preocupación en la sociedad michoacana, resaltando la necesidad de reforzar la seguridad y la justicia en la región. La violencia contra servidores públicos representa un desafío significativo para el Estado y requiere una respuesta contundente para garantizar la protección de quienes desempeñan funciones en beneficio de la comunidad.