El Cártel de Sinaloa se apodera ilegalmente de proyecto minero en San Ignacio, Sinaloa

En el municipio de San Ignacio, en Sinaloa, el Cártel de Sinaloa se ha adueñado de un proyecto minero sin contar con los permisos necesarios. A pesar de la negativa de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en 2022, el grupo criminal ha llevado a cabo la explotación de la zona minera de El Patole durante los últimos dos años.

Actividades mineras en zonas de importancia ecológica

Este proyecto se ha desarrollado en un área de gran importancia ecológica, ya que las playas de El Patole son el hábitat de tres especies de tortugas marinas. A pesar de esto, el Cártel de Sinaloa ha iniciado actividades de extracción de oro, empleando métodos que involucran el uso de químicos y la extracción de agua del mar con mangueras y motores, poniendo en riesgo el ecosistema marino y la vida silvestre.

Impacto en la comunidad y denuncias

La explotación minera sin permisos ha tenido un impacto significativo en la comunidad. Habitantes de la zona han denunciado que la explotación se lleva a cabo mediante presiones y amenazas, afectando la tranquilidad y seguridad de la población local. A pesar de las denuncias presentadas, las autoridades no han tomado medidas para detener estas actividades ilícitas. Incluso, se ha reportado que el pueblo de Dimas ha sido "silenciado" por los grupos criminales que operan en la zona.

Antecedentes de actividades ilícitas en la minería

Este no es un caso aislado, ya que el Cártel de Sinaloa y otros grupos criminales han estado vinculados previamente a actividades relacionadas con la minería en diversos estados. En 2023, se publicó una investigación que revela la complicidad de empresas mineras con células delictivas en Sinaloa, evidenciando la gravedad de esta problemática.

Consecuencias ambientales y legales

Las consecuencias de esta actividad ilegal van más allá de las implicaciones criminales, ya que representan un grave riesgo para el medio ambiente y la biodiversidad marina. Urge que las autoridades tomen medidas contundentes para detener esta explotación ilegal y proteger las zonas de importancia ecológica. Además, es crucial que se apliquen las sanciones correspondientes a los responsables de estas actividades ilícitas, garantizando que se haga justicia y se restablezca la legalidad en la región.