Gobernadores de México solicitan a la SCJN mantener prisión preventiva oficiosa

Las y los gobernadores de todo el país, incluidas las entidades gobernadas por la oposición, han enviado una carta a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, en la que solicitan mantener la prisión preventiva oficiosa. Esta carta es una manifestación en calidad de "Amicus Curiae" con respecto a la esperada resolución del máximo tribunal del país sobre la prisión preventiva oficiosa.

En el documento, los gobernadores advierten sobre la necesidad de preservar la supremacía constitucional, en referencia a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que declaró inconvencional esta medida cautelar. El objetivo es evitar la vulneración de la Carta Magna y prevenir un impacto negativo en la seguridad pública de los mexicanos, así como en el desarrollo de procesos penales contra individuos implicados en delitos de alto impacto.

Desafíos en el sistema de justicia

Los gobernadores señalan que la prisión preventiva oficiosa es fundamental para asegurar una conducción adecuada de los procesos penales, esclarecer los hechos, proteger a las víctimas y garantizar que los responsables no queden impunes. Además, subrayan la importancia de reparar los daños causados por los delitos. Advierten sobre el colapso de los tribunales federales si se ven obligados a analizar todas las solicitudes de modificación a esta medida cautelar.

Los gobernadores hacen un llamado respetuoso a la SCJN para considerar los argumentos presentados, ya que la decisión que se tome tendrá un impacto directo en la seguridad y gobernabilidad del país, así como en las entidades federativas. Destacan que como responsables de los gobiernos estatales, están en la posición de evaluar las consecuencias negativas que una decisión adversa tendría en la seguridad pública de sus gobernados.

Conscientes de la importancia de respetar el máximo ordenamiento jurídico, los gobernadores se pronuncian en calidad de Amicus Curiae, mostrando absoluto respeto hacia la SCJN. Hacen hincapié en la necesidad de considerar el principio de supremacía constitucional, siempre en atención a los derechos de las víctimas del delito, quienes son directamente afectadas por las conductas antisociales.