Organizaciones demandan orden ejecutiva de Biden que restringe las solicitudes de asilo

Este miércoles 12 de junio, organizaciones defensoras de inmigrantes han demandado la orden ejecutiva emitida por la administración del presidente estadounidense, Joe Biden, la cual restringe fuertemente las solicitudes de asilo en la frontera de México y Estados Unidos. A partir del 4 de junio, esta orden entró en vigor, permitiendo a las autoridades de EU deportar a todas las personas que no cumplan con los estrictos estándares de asilo una vez que se supere la cifra de 2 mil 500 detenciones por día en la frontera durante un promedio de una semana. La demanda, respaldada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (Aclu), argumenta que la regulación "es rotundamente inconsistente con el estatuto de asilo que promulgó el Congreso, que permite a los inmigrantes presentar solicitudes de asilo 'ya sea que entren o no' por un puerto de entrada". Además, los demandantes advierten que la medida también crea obstáculos "potencialmente insuperables" para que los migrantes busquen otros tipos de protección, según dijo Aclu en un comunicado.

Comparación con la prohibición de asilo impuesta por Trump

Los defensores de los migrantes afirman que la nueva orden recuerda a la anterior prohibición de entrada de asilo impuesta por la Administración de Donald Trump en 2018, la cual fue derrotada en las cortes. También aseguran que la restricción cerrará "efectivamente cualquier acceso a la protección de asilo para la gran mayoría de las personas que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México, sin importar cuán fuertes sean sus reclamos". El abogado Lee Gelernt, directivo de Aclu, subrayó que la Administración Biden "carece de autoridad unilateral para anular el Congreso y prohibir el asilo basándose en cómo uno ingresa al país, un punto que los tribunales dejaron muy claro cuando la administración Trump intentó sin éxito una prohibición casi idéntica".

Impacto humano y participantes en la demanda

Según Melissa Crow, del Centro de Estudios de Género y Refugiados, la orden "exacerba el caos en nuestra frontera sur, socava el trabajo vital de los grupos de ayuda humanitaria y legal y resultará en deportaciones injustas de refugiados a países donde enfrentan persecución y tortura". Participan en la querella el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, el Proyecto de Derechos Civiles de Texas (TCRP), y el bufete de abogados Jenner & Block LLP, quienes presentan la demanda a nombre del Centro de Defensa de Inmigrantes de Las Américas y el Centro de Educación y Servicios Legales para Refugiados e Inmigrantes (Raíces). La demanda, presentada en una corte federal de Washington, ha pedido al tribunal que ponga un alto a la implementación de la medida.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, aseguró a ABC el domingo pasado que está listo para defender la orden emitida en las cortes. "No es sólo una cuestión de asegurar la frontera, tenemos la obligación humanitaria de mantener a las personas vulnerables fuera del alcance de los contrabandistas explotadores", señaló el secretario.