Reforma judicial propuesta por AMLO ante críticas por complejidad y desafíos logísticos

El exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío, brindó detalles sobre las implicaciones de la propuesta de reforma judicial presentada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señalando el desafío que representa para los ciudadanos el considerable aumento en el número de candidatos y boletas electorales que deberán considerar en futuros comicios. La reforma plantea la elección de una gran cantidad de funcionarios judiciales federales y estatales, lo que conlleva la instalación de una gran cantidad de urnas en cada casilla, así como la impresión de una cantidad masiva de boletas.

Desafío para la Ciudad de México

El exministro Cossío puso de manifiesto que en la Ciudad de México el desafío adquiere proporciones extraordinarias, ya que se estima que en cada casilla se instalarían 573 urnas para llevar a cabo la elección de funcionarios judiciales federales y estatales. Esta magnitud se ve reflejada en el hecho de que cada ciudadano recibiría un paquete de 573 boletas con un impresionante total de 2,088 candidatos. A nivel federal, la elección abarcaría 352 cargos para ministros, magistrados y jueces de todas las especialidades. Esta situación demandaría la impresión de alrededor de 1,348 millones de boletas para la Ciudad de México, con el fin de definir todos los puestos en cuestión.

Situación a nivel nacional

El exministro Cossío hizo hincapié en que si bien la Ciudad de México presenta una circunstancia excepcional debido a la concentración de funcionarios judiciales, el problema de magnitud se replica a lo largo y ancho del país ante el diseño propuesto en la reforma judicial. Como ejemplo, mencionó que en Nayarit, cada ciudadano se vería en la necesidad de considerar 73 boletas en el proceso electoral.

También abordó otros aspectos problemáticos de la reforma propuesta, como la falta de correspondencia entre los circuitos judiciales y los distritos electorales. Esta incongruencia implica la necesidad de llevar a cabo un proceso de redistribución que, según sus apreciaciones, podría extenderse a lo largo de varios años. Asimismo, señaló deficiencias en el diseño de vigilancia del gasto electoral, el cual está orientado a hacer seguimiento a los partidos, dejando de lado la fiscalización de los candidatos independientes.

Finalmente, expresó su opinión de que la propuesta de reforma judicial representa una idea populista y un ejercicio ineficiente, con el potencial de impactar negativamente en los procesos electorales que actualmente se llevan a cabo en el país.